El 2 de mayo del año 2002, aproximadamente 79 personas murieron (entre ellos 48 menores) luego de que guerrilleros de las FARC lanzaron un cilindro bomba, durante un enfrentamiento con paramilitares de las AUC, que se escondía detrás de la iglesia de Bellavista (casco urbano del municipio de Bojayá) en donde la población se refugiaba.
Los combates continuaron varios días más. La inmensa mayoría de los habitantes del lugar se fueron y se dirigieron hacia Vigía del Fuerte o a Quibdó, la capital del departamento. Se calcula que, sólo en mayo de ese año, 5.771 personas, en su mayoría de Bojayá pero también de lugares aledaños, llegaron a esa ciudad.
Esta masacre fue el clímax de un enfrentamiento que venía en aumento desde 1996 por el control del espacio selvático que une a Colombia, Panamá y los dos Océanos.
Es un punto culmen de la degradación del conflicto armado que aún padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas del medio Atrato y del departamento de Chocó, dando una muestra de lo que era la larga cadena de violaciones a los derechos humanos de la población civil por parte de las FARC como por parte de las AUC o también denominadas fuerzas paramilitares.
Actualmente a unos solo metros del infortunio ataque, los habitantes de Bojayá han reconstruido sus viviendas, pero, en este territorio la violencia no se ha detenido.
Los grupos de autodefensa siguen amenazando y violentando a la población, especialmente a los involucrados en las organizaciones que promueven la paz y la reparación integral a las víctimas.
Ahora se quiere dar una construcción de memoria como un proceso fundamental para la reparación de las víctimas. Esta reparación de las víctimas ha sido tomada por el gobierno central como un proceso de paz firmado en papel, el cual no ha dado resultados eficaces para la reconstrucción del tejido social afectado por la guerra.
Ya que este tejido siempre es el afectado sin importar lo que la comunidad haga para que la violencia no los lastime más, ni a ellos y a sus hijos.
Las circunstancias en las que la comunidad colombiana más pobre vive son indignantes, sin agua potable, sin servicio de alcantarillado, ni prestación del servicio de salud ni educación. Estas comunidades no solamente han sido ultrajadas por parte del estado, si no que por parte las FARCS y las AUC han sufrido el maltrato físico, que sin importar lo que pase con los menores, ancianos y mujeres siguen quedando estos atentados en el olvido y la memoria de un país que sigue luchando contra el cáncer de la violencia que los agobia.
Para concluir la violencia en Colombia no solo se da en lo rural sino también en lo urbano, las personas que controlan algunos territorios deciden tener un control sobre la vida del otro como lo vemos paso en Bojayá, aunque esta masacre se dio hace 19 años, las tragedias en Colombia siguen sucediendo a causa del conflicto armado. Problemas jurídicos, económicos, políticos y socioculturales que están acabando con nuestro país y cada día están muriendo personas inocentes
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